Hermann Belllinghausen – Secuestran y amenazan de muerte a activista de Chiapas, denuncia el Centro Frayba

Posted on 27 febbraio 2010

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Exige protección del gobierno federal para Margarita Guadalupe Martínez y su familia

El ataque, luego de que presentó una denuncia por allanamiento de su domicilio, en Comitán

 

Periódico La Jornada
Sábado 27 de febrero de 2010, p. 13

Este jueves, la defensora de derechos humanos Margarita Guadalupe Martínez Martínez fue secuestrada por desconocidos, golpeada y amenazada de muerte en las calles de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, cuando se dirigía a recoger a su hijo, quien salía de la escuela primaria.

Según su testimonio al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Centro Frayba), en el trayecto fue privada de su libertad por personas no identificadas, quienes le colocaron una bolsa de plástico en el rostro que le impidió ver a sus agresores, e inmediatamente la hicieron abordar por la fuerza un vehículo en marcha.

Dentro del vehículo, la activista escuchó voces; una de las cuales era de la persona que la sujetaba, quien la golpeó en el rostro con un objeto sólido, produciéndole sufrimientos físicos, excoriaciones en los labios, inflamaciones en frente, labios y cuello, prosigue la denuncia. “También le infligieron tortura sicológica mediante punzadas en los costados con un objeto que podría ser un arma punzocortante o de fuego. Le pasaban en las manos un objeto frío y le decían: ‘ya no vas a poder trabajar’, e insistían en que se desistiera de la denuncia penal que en meses anteriores interpuso contra funcionarios del gobierno de Chiapas”.

De acuerdo con el Centro Frayba, al emitir una acción urgente para exigir respeto a la seguridad de Margarita Martínez, “mientras la golpeaban, la amenazaban de muerte para que se desistiera de la averiguación previa número 00004/FEPONGD DH-M1/2009, iniciada el 23 de noviembre por abuso de autoridad, allanamiento, tortura sicológica y amenazas con la agravante de muerte, integrada por la Fiscalía Especializada en Protección a Organismos no Gubernamentales de Derechos Humanos de Chiapas.

Los agresores le dijeron que se trataba de un regalito del presidente municipal de Comitán, Eduardo Ramírez Aguilar. Después la bajaron del vehículo en una calle muy cercana a su domicilio.

La denuncia subraya la situación de inminente riesgo a la integridad, seguridad personal y la vida de la defensora, así como la de su esposo, Adolfo Guzmán Ordaz, su familia y los integrantes de Enlace Comunicación y Capacitación, organismo civil donde laboran en la ciudad de Comitán. En meses recientes han sufrido allanamientos, amenazas y agresiones por presuntos agentes policiacos.

El ataque a la activista –detalla el Centro Frayba– ocurrió 34 horas antes de la diligencia de reconstrucción de hechos por el allanamiento de su domicilio, a realizarse a las 3:30 de la madrugada de hoy, en Comitán, como parte de las pruebas que integran la averiguación previa. En la diligencia habrán de participar la Policía Estatal Preventiva, la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Policía Especializada Ministerial, así como fiscales del Ministerio Público y peritos en criminalística.

A pesar de las denuncias y la situación de riesgo de esta familia, el gobierno mexicano no ha realizado investigación ni ha aplicado medidas eficaces y prontas para la detención de los agresores, permitiendo que continúe el hostigamiento contra la defensora y su familia, con lo que incumple la Declaración de Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, concluye el Centro Frayba.

Por su parte, la Voz del Amate, organización de presos de la otra campaña en el penal número 5 de Chiapas, en San Cristóbal de Las Casas, denunció la represión y el traslado injustificado del reo Enrique Gómez Hernández a la cárcel de Copainalá (con reputación de ser la peor del estado), quien se habría negado a pagar los derechos de piso que cobra la mafia de presos del penal. Según la Voz del Amate, el castigo a Gómez Hernández, artesano que vende el producto de sus trabajos honestos, es por negarse a la corrupción, permitida y protegida por las autoridades.