Castigarán con cárcel a “piratas”

Posted on 7 aprile 2010

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Vendedores serán multados hasta con 10 mil días de salario mínimo por la venta que se practique en las calles, así como en establecimientos comerciales

 

JUAN ARVIZU
EL UNIVERSAL
MIÉRCOLES 07 DE ABRIL DE 2010
JUAN.ARVIZU@ELUNIVERSAL.COM.MX

La piratería será perseguida de oficio y castigada con penas que irían de dos y hasta seis años de prisión, decretó ayer la Cámara de Diputados, y de inmediato remitió la reforma a la ley para que el Presidente de la República la publique en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor.

El castigo incluye multas de 100 a 10 mil días de salario mínimo general del DF, “a quien venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la Ley de la Propiedad Industrial”.

Corresponderá a la Procuraduría General de la República perseguir este delito, que a la fecha requiere de una querella y seguir un juicio, con lo cual la actividad de la piratería entró en los márgenes de impunidad y de muy alta rentabilidad, por lo que en ella incursionó el crimen organizado, señalaron diputados al aprobar las disposiciones.

Las reformas al Código Penal Federal y a la Ley de Propiedad Industrial facultan al Ministerio Público federal a perseguir la piratería, sin queja de por medio, que se practique en las calles, así como en establecimientos comerciales.

En contra de estas reformas se manifestaron legisladores de las bancadas del PRD y del PT, por considerar que se criminaliza al subempleo, al comercio ambulante que se practica como válvula de escape a las necesidades de quienes no tienen opciones de ocupación remunerada en la economía formal.

Por el contrario, PRI y PAN, que fueron iniciadores de la reforma, establecieron que castigar con cárcel en persecuciones de oficio a la venta de falsificaciones de productos, defiende los derechos de creadores de obras y productos intelectuales, como artistas, músicos, editores de música, distribuidores y vendedores legítimamente establecidos.

El debate sobre esta materia fue presenciado en curules del pleno por el prolífico cantautor yucateco Armando Manzanero y por el escultor Enrique Carbajal, Sebastián, como representantes del sector intelectual que resulta protegido con las nuevas disposiciones.

Graves pérdidas

Humberto Benítez Treviño (PRI), presidente de la Comisión de Justicia, dijo en tribuna que por la piratería la industria de la recreación pierde 750 millones de dólares al año, de los cuales un millón de dólares diarios dejan de recaudarse como impuestos y con los cuales se podrían construir hospitales, centros recreativos, escuelas y generarían fondos para programas de desarrollo social.

El legislador priísta Arturo Zamora refirió información de la Cámara Americana de Comercio, que estima en 964 mil 688 millones de pesos anuales, una cifra cercana al billón de pesos, como la afectación a la industria por la competencia de productos pirata.

El año pasado, agregó Zamora, en México ocho de cada 10 personas compraron productos clonados, a la vez de que 54% de la oferta de productos en el comercio son falsificaciones.

Fundamentan persecución

El dictamen avalado en el Palacio Legislativo de San Lázaro fundamenta que con la persecución de la piratería, en nuestro país se fortalece el marco legal y su aplicación en beneficio de la población, la Hacienda pública, la economía, a la vez que cumple con tratados internacionales que protegen la propiedad intelectual y los derechos de autor.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) reaccionó en contra de las reformas para abatir la piratería:

“Aquí —argumentó— se está defendiendo a los monopolios, a las grandes empresas, a la concentración de la riqueza; se está criminalizando a la pobreza, la necesidad, el hambre, la desesperanza de millones de mexicanos que están vendiendo en las calles, porque no tienen ninguna otra posibilidad”.

En cambio, agregó, lo que se necesita es un profundo cambio económico, político y social en el país.