Deslinda la SCJN a Molinar, Karam y Bours de violación grave de garantías en caso ABC

Posted on 17 giugno 2010

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Votación dividida; la Corte no culpa ni exonera a nadie, señala Ortiz Mayagoitia

 

Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Jueves 17 de junio de 2010, p. 12

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que no están vinculados en la violación grave de garantías individuales, en el caso de la guardería ABC, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; el director del IMSS, Daniel Karam Toumeh; el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours, ni el ex presidente municipal de Hermosillo Ernesto Gándara Camou.

En votación dividida y diferenciada, los ministros concluyeron, después de tres días de debate, que sólo funcionarios medios de los niveles federal, estatal y municipal tuvieron alguna responsabilidad en el incendio del 5 de junio de 2009, que causó la muerte de 49 niños, y lesiones a 104.

Para los integrantes del máximo tribunal ni siquiera Carla Rochín Nieto, ex coordinadora de guarderías, ni Sergio Antonio Salazar Salazar, ex director de prestaciones económicas y sociales, estuvieron vinculados en la tragedia, a pesar de que ambos dejaron el cargo a consecuencia del incendio.

En la sesión vespertina los ministros destrabaron la discusión, una vez que por la mañana se había desechado por seis votos contra cinco que hubiera existido un desorden generalizado en el sistema de guarderías del IMSS subrogadas a particulares.

Sólo Sergio Aguirre Anguiano votó en contra de que hubiese existido violación grave de garantías.

Sin embargo, la discusión y los posicionamientos posteriores se encaminaron hacia el deslinde de los principales funcionarios involucrados en el dictamen de Arturo Zaldívar en la violación grave de derechos fundamentales.

Únicamente Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza consideraron que Molinar Horcasitas (ex director del IMSS) estaba vinculado; en el caso de Karam, fueron Zaldívar, Silva y Gudiño, y en el de Bours, Zaldívar, Sánchez Cordero, Silva, Gudiño y José Ramón Cossío.

Respecto del ex presidente municipal de Hermosillo, Zaldívar, Sánchez Cordero, Gudiño y Silva lo consideraron involucrados. La mayoría, con siete votos, rechazó su responsabilidad.

Antes de que se iniciara la votación sobre la responsabilidad de los funcionarios, Aguirre había propuesto que se considerara a los empleados del IMSS violadores de garantías, porque no eran autoridad responsable.

Su propuesta fue rechazada, pero, al votar sobre la vinculación de Molinar y Karam, la mayoría señaló que no habían actuado de manera omisa ni negligente antes, durante ni después del incidente.

La mayoría desechó asimismo la propuesta presentada por Sánchez Cordero de que los dueños, representantes legales, operadores y socios de la guardería ABC fueran también considerados posibles violadores de derechos fundamentales. La ministra argumentaba que, al cumplir una función reservada al Estado, los particulares también debían responder por los hechos.

Al finalizar la discusión, el pleno dio a conocer una serie de propuestas y lineamientos a los tres niveles de gobierno para mejorar la calidad en la prestación del servicio de guarderías subrogadas del IMSS y, en general, para las estancias infantiles del país.

Para no dejar dudas del alcance de la decisión, el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, dijo antes de dar por terminada la sesión que la Corte no culpa ni exonera a nadie.

Hubo consenso en que fueron violados los derechos constitucionales que tienen que ver con los derechos del niño y el principio de interés superior, así como los derechos a la protección a la vida, a la integridad física, a la seguridad social y a la salud.

En la sesión matutina, cuando el pleno desechó por seis votos a cinco que hubiera desorden generalizado en el sistema de guarderías subrogadas, el ministro presidente, Ortiz Mayagoitia, encabezó la defensa de los directores del instituto al deslindarlos de la obligación de cerciorarse de lo relativo a la protección civil, el otorgamiento de licencia para las guarderías y la calidad de los servicios educativos.

Sin ofrecer mayores detalles sobre el origen de la información, aseguró que a título personal he recibido comentarios de que el servicio de guarderías es satisfactorio para los usuarios.

El ministro instructor, Zaldívar –quien quedó en minoría junto con Cossío, Silva Meza, Sánchez Cordero y Gudiño Pelayo–, sostuvo que, precisamente, el desorden generalizado se traducía en la entrega discrecional de contratos, la falta de supervisión y vigilancia de las guarderías subrogadas, lo que impidió que, habiéndose producido fuego en la bodega contigua, se tomaran medidas que hubieran evitado la desgracia.

Ante la defensa a ultranza que hizo la mayoría –encabezada por Ortiz Mayagoitia y secundada por Aguirre Anguiano; Sergio Valls, director jurídico del IMSS en el sexenio de Ernesto Zedillo; Fernando Franco, ex representante de la Secretaría del Trabajo ante el consejo técnico del IMSS; Margarita Luna y Luis María Aguilar–, Zaldívar dijo a sus compañeros:

Quienes denigran a las instituciones son los malos servidores públicos, no quienes criticamos a esos malos servidores públicos.

En respuesta a los señalamientos de Ortiz Mayagoita, quien apuntó que cuando los servicios se prestan con regularidad, cumplimiento de horarios, eficiencia profesional, no se puede afirmar que el sistema de guarderías sea malo, amén de que son otras autoridades –bomberos, protección civil, gobiernos estatales y municipales– las encargadas de vigilar que se cumplan las normas vigentes, Zaldívar reviró:

“Ahora dicen: ‘el IMSS no tiene nada que ver con la protección civil’. ¡Ahí es donde hay una grave omisión de políticas públicas! ¿Cómo es posible que el IMSS, y me refiero a sus autoridades, obviamente, se desatiendan de dónde están las guarderías, de si los niños están cuidados o no?”

Finalmente, el voto mayoritario dejó a salvo no sólo el nombre del IMSS, sino también el de su ex director, su actual titular y otros altos funcionarios que habían sido señalados en el dictamen original del ministro Zaldívar.

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